Por mayor\u00eda de cuatro votos, los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), que preside Jorge Mario Pardo Rebolledo, avalaron como constitucional que las personas sentenciadas por el delito de trata de personas no gocen del beneficio de la preliberaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los jueces constitucionales debatieron sobre el proyecto de resoluci\u00f3n al amparo en revisi\u00f3n presentado por el propio Pardo Rebolledo en el que se reconoce la constitucionalidad de los art\u00edculos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal, as\u00ed como 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protecci\u00f3n y Asistencia a las V\u00edctimas de estos delitos, en atenci\u00f3n a los cuales \u201cno gozar\u00e1n de los beneficios preliberacionales de libertad condicionada y libertad anticipada las personas sentenciadas por el delito de trata de personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el caso, un sujeto que fue sentenciado por trata de personas en su modalidad de pornograf\u00eda infantil solicit\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, luego de que un Tribunal de Apelaci\u00f3n revoc\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio de condena condicional que le hab\u00eda sido otorgado por la autoridad de ejecuci\u00f3n, que consider\u00f3 que los sentenciados por el delito de trata de personas no pueden acceder a los beneficios de la libertad condicionada y libertad anticipada, en t\u00e9rminos del marco regulatorio de dichas figuras preliberacionales.<\/p>\n\n\n\n
Al revisar el tema, la Sala reiter\u00f3 que la negativa de su otorgamiento no implica que se viole el principio de reinserci\u00f3n social del sentenciado, consagrado en el art\u00edculo 18 constitucional. Lo anterior, pues su otorgamiento no representa una obligaci\u00f3n constitucional, sino que se trata de una facultad con la que cuenta el legislador ordinario quien, por razones de pol\u00edtica criminal, consider\u00f3 que no en todos los casos deb\u00edan concederse tales beneficios, a fin de desalentar ciertas conductas, o en su defecto, lograr la reinserci\u00f3n del sentenciado y procurar que este no vuelva a delinquir.<\/p>\n\n\n\n
Igualmente, la Primera Sala determin\u00f3 que los art\u00edculos reclamados no vulneran el principio de igualdad, pues negar los beneficios preliberacionales a todos aquellos sentenciados por el delito de trata de personas no constituye una discriminaci\u00f3n por exclusi\u00f3n que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinci\u00f3n introducida por el legislador, que se justifica razonablemente por la mayor relevancia penal de las conductas delictivas previstas en los referidos cuerpos normativos, atendiendo a su impacto m\u00e1s grave en diversos bienes jur\u00eddicos, como la seguridad y salud p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, la medida mencionada da un tratamiento similar a los sentenciados que se ubican en la misma hip\u00f3tesis normativa, resultando congruente con los fines perseguidos por la reinserci\u00f3n social y sin que se viole el principio de igualdad. M\u00e1xime que, en el caso en estudio, tanto el legislador ordinario al establecer en la norma restricciones al otorgamiento de beneficios preliberacionales para las personas sentenciadas por el delito de trata de personas, como la autoridad jurisdiccional en la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos analizados, cumplen cabalmente con los deberes de garant\u00eda reforzada de los derechos de la ni\u00f1ez.<\/p>\n\n\n\n
A partir de estas razones, los ministros negaron el amparo solicitado y reserv\u00f3 jurisdicci\u00f3n al Tribunal Colegiado para la resoluci\u00f3n de los temas de legalidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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