Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del pa\u00eds en diciembre del 2022, el Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) han disparado de forma ileg\u00edtima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la poblaci\u00f3n, especialmente contra personas Ind\u00edgenas y campesinas, en el contexto de la represi\u00f3n de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnist\u00eda Internacional hoy al presentar los hallazgos iniciales de su investigaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Durante la investigaci\u00f3n en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, Amnist\u00eda Internacional recibi\u00f3 informaci\u00f3n de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y document\u00f3 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Asimismo, la organizaci\u00f3n recibi\u00f3 informaci\u00f3n sobre graves falencias en la investigaci\u00f3n de violaciones de derechos humanos y la impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon un saldo de 48 personas muertas por la represi\u00f3n estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un polic\u00eda, as\u00ed como centenares de personas heridas en un tr\u00e1gico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante m\u00e1s de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la \u00fanica respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema pol\u00edtico que garantice sus derechos humanos,\u201d dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n
En un contexto de mucha incertidumbre pol\u00edtica, las primeras expresiones de malestar social surgieron de varias de las regiones m\u00e1s marginadas de Per\u00fa, como Apur\u00edmac, Ayacucho y Puno, cuya poblaci\u00f3n, mayoritariamente Ind\u00edgena, ha sido objeto hist\u00f3ricamente de discriminaci\u00f3n y de desigualdad en su acceso a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y ha permanecido en continua lucha por acceder a los derechos b\u00e1sicos de salud, vivienda y educaci\u00f3n. Las protestas pronto se extendieron a la capital, Lima, y a otras partes del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Amnist\u00eda Internacional ha realizado un an\u00e1lisis que toma como par\u00e1metros la concentraci\u00f3n de protestas y el n\u00famero de muertes por represi\u00f3n en base a datos de la Defensor\u00eda del Pueblo de Per\u00fa. Ha registrado que el n\u00famero de posibles muertes arbitrarias por la represi\u00f3n estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con poblaci\u00f3n mayoritariamente de pueblos Ind\u00edgenas. Ello a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue pr\u00e1cticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima, por ejemplo. Mientras que los departamentos con poblaci\u00f3n mayoritariamente Ind\u00edgena s\u00f3lo representan el 13% de la poblaci\u00f3n total de Per\u00fa, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. La evidencia apunta a que las autoridades habr\u00edan actuado con un marcado sesgo racista, ensa\u00f1\u00e1ndose contra aquellas poblaciones hist\u00f3ricamente discriminadas.<\/p>\n\n\n\n
No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnist\u00eda Internacional que sent\u00edan que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos<\/p>\n\n\n\n
Erika Guevara Rosas, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional
En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de poblaci\u00f3n Ind\u00edgena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el contexto de la represi\u00f3n policial. La propia Fiscal\u00eda declar\u00f3 que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, provocando uno de los eventos m\u00e1s tr\u00e1gicos y perturbadores en todo el pa\u00eds. A inicios de este mes, el gobierno decret\u00f3 un Estado de Emergencia en siete regiones, siendo Puno la \u00fanica regi\u00f3n que ha quedado bajo control militar.<\/p>\n\n\n\n
Durante su investigaci\u00f3n, Amnist\u00eda Internacional entrevist\u00f3 a m\u00faltiples personas funcionarias del Estado, entre ellas representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensor\u00eda del pueblo, as\u00ed como a comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, personas abogadas, familiares y testigos presenciales. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de la organizaci\u00f3n logr\u00f3 verificar 36 piezas de material foto y videogr\u00e1fico, de las cuales al menos 11 apuntar\u00edan al uso excesivo y en ocasiones indiscriminado de la fuerza letal y menos letal por parte de la autoridad.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnist\u00eda Internacional que sent\u00edan que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sist\u00e9mico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante d\u00e9cadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,\u201d dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n
Muertes arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales
A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos proh\u00edben el uso de armas de fuego con munici\u00f3n letal para el control de protestas, la informaci\u00f3n recopilada apunta a que en m\u00faltiples casos la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito recurrieron a \u00e9sta como uno de los principales m\u00e9todos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no exist\u00eda riesgo aparente para la vida de otras personas.<\/p>\n\n\n\n
Las protestas fueron mayoritariamente pac\u00edficas, pero incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. Sin embargo, la evidencia recolectada indica que la Polic\u00eda y el Ej\u00e9rcito dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transe\u00fantes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas.<\/p>\n\n\n\n
De los 12 casos emblem\u00e1ticos de personas fallecidas que Amnist\u00eda Internacional ha documentado hasta el momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podr\u00eda ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal.<\/p>\n\n\n\n
Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 a\u00f1os, jugador de voleibol e hijo de madre y padre quechuahablantes, muri\u00f3 el 12 de diciembre a causa de un disparo de munici\u00f3n letal que le alcanz\u00f3 mientras \u00e9l y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, que domina el centro de la ciudad de Andahuaylas. Decenas de ciudadanos se hab\u00edan apostado en el lugar para observar y filmar la protesta de los lugare\u00f1os tras el uso de gas lacrim\u00f3geno por parte de la polic\u00eda para disolver un cortejo f\u00fanebre de dos j\u00f3venes que hab\u00edan muerto el d\u00eda anterior en el aeropuerto de Andahuaylas.<\/p>\n\n\n\n
Videos y testimonios de testigos apuntan a que ese d\u00eda varios polic\u00edas dispararon balas desde la azotea de un edificio frente al cerro. Funcionarios del Estado confirmaron a Amnist\u00eda Internacional la presencia de Polic\u00eda en dicha terraza y la organizaci\u00f3n ha verificado im\u00e1genes de video que demuestran que John Erik no estaba ejerciendo violencia contra la polic\u00eda en el momento de su muerte. Otro joven, Wilfredo Lizarme, de 18 a\u00f1os, falleci\u00f3 en similares circunstancias. Tales casos podr\u00edan constituir la comisi\u00f3n de ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n\n\n\n
Leonardo Hancco Chacca, operador de maquinaria pesada de 32 a\u00f1os, muri\u00f3 despu\u00e9s de que militares apuntaran y dispararan en contra de manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho el 15 de diciembre, de acuerdo con m\u00faltiples testimonios e im\u00e1genes obtenidas por IDL-Reporteros. Testigos indicaron que las fuerzas armadas utilizaron balas de forma continuada durante al menos siete horas en el aeropuerto y sus alrededores, en ocasiones persiguiendo a manifestantes o disparando en direcci\u00f3n de quienes auxiliaban a los heridos. En total nueve hombres j\u00f3venes fallecieron por la presunta actuaci\u00f3n militar de ese d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Lesiones y da\u00f1os a la integridad f\u00edsica
Desde el inicio de la crisis se han registrado m\u00e1s de 1200 personas heridas en el contexto de protestas y 580 polic\u00edas lesionados, seg\u00fan cifras del Ministerio de Salud.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de impactos de bala, tras un an\u00e1lisis de im\u00e1genes, Amnist\u00eda Internacional ha identificado numerosas lesiones por impacto de perdigones. Esta munici\u00f3n imprecisa, que suelta varios proyectiles con cada disparo, no es apta en absoluto para el control de manifestaciones.<\/p>\n\n\n\n
En un caso, una bala perfor\u00f3 el brazo de un joven mientras prestaba primeros auxilios el 15 de diciembre en Ayacucho. El joven dijo que le dispararon unos soldados que apuntaban directamente contra \u00e9l y de manifestantes en la zona. M\u00e1s de 60 personas resultaron heridas ese d\u00eda en Ayacucho.<\/p>\n\n\n\n
En Lima, la evidencia recolectada indica que el fuerte uso de material menos letal, como perdigones, as\u00ed como de gas lacrim\u00f3geno \u2014 que tambi\u00e9n puede causar la muerte cuando su uso es indebido o cuando se dispara con un lanzador directamente al cuerpo \u2014 causaron la muerte de una persona tras recibir el impacto de una lata de gas en la cabeza y decenas de heridos.<\/p>\n\n\n\n
En Juliaca, al fotoperiodista Aldair Mej\u00eda le impactaron perdigones en la pierna derecha, provocando una lesi\u00f3n grave mientras reportaba las manifestaciones y la violenta represi\u00f3n emprendida por la Polic\u00eda Nacional el 7 de enero.<\/p>\n\n\n\n
Investigaciones lentas y sin recursos suficientes
Amnist\u00eda Internacional recab\u00f3 informaci\u00f3n oficial y de v\u00edctimas que indica que, a pesar de que la Fiscal\u00eda hab\u00eda realizado algunas actuaciones importantes, a casi dos meses de los hechos todav\u00eda no se hab\u00edan desarrollado diligencias claves para las investigaciones, como la realizaci\u00f3n de ciertos peritajes o la recolecci\u00f3n de testimonios. En algunos casos no se habr\u00eda preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavar\u00eda la posibilidad de que las investigaciones resulten aut\u00e9nticamente imparciales y exhaustivas.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n identific\u00f3 casos donde las diligencias iniciales de investigaci\u00f3n no reflejar\u00edan fielmente los hechos, como el caso de Beckam Romario Quispe Rojas, futbolista y entrenador de 18 a\u00f1os e hijo de un campesino quechuahablante, quien muri\u00f3 durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas, en una pista de aterrizaje en desuso. La necropsia no dio cuenta del tipo de proyectil que le caus\u00f3 la muerte y fue entregada un mes despu\u00e9s de los hechos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigaci\u00f3n de las violaciones graves de derechos humanos y posibles cr\u00edmenes de derecho internacional. Demorar y descuidar esta labor cr\u00edtica, contribuye a crear un clima de impunidad que s\u00f3lo fomenta tales actos,\u201d dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnist\u00eda Internacional Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
La estigmatizaci\u00f3n de manifestantes socava el acceso a la justicia
Las autoridades, desde el m\u00e1s alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatizaci\u00f3n contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen v\u00ednculos con el \u201cterrorismo\u201d y con grupos criminales, con la intenci\u00f3n de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la organizaci\u00f3n advierte que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnist\u00eda Internacional ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n entrevist\u00f3 a m\u00e1s de 20 personas que resultaron heridas por latas de gas lacrim\u00f3geno, perdigones o balas durante las protestas, muchas de las cuales ten\u00edan miedo de denunciar las lesiones por temor a ser sometidas a procesos penales. Algunas de ellas denunciaron haber recibido llamadas telef\u00f3nicas amenazantes o haber sido vigiladas por la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. As\u00ed, se justifican t\u00e1cticas militares y policiales arbitrarias en contra de la poblaci\u00f3n civil, se coarta la libertad de expresi\u00f3n y se revictimiza a quienes lloran la p\u00e9rdida de un ser querido,\u201d dijo Marina Navarro.<\/p>\n\n\n\n
El 21 de enero, la polic\u00eda detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que no se configuraban los supuestos de ley que justificaran tales detenciones. En el operativo, que dur\u00f3 varias horas y en el cual participaron m\u00e1s de 500 polic\u00edas, fueron agredidas y se retuvo a un total de 192 personas, incluyendo estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas pertenecientes a delegaciones de otras regiones del pa\u00eds que hab\u00edan llegado a Lima para participar en las manifestaciones. La naturaleza del operativo y los reportes de violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica, as\u00ed como las im\u00e1genes verificadas, dan cuenta de posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde.<\/p>\n\n\n\n
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnist\u00eda Internacional Per\u00fa
Una persona detenida durante el operativo cont\u00f3 a Amnist\u00eda Internacional que funcionarios de la Direcci\u00f3n contra el Terrorismo de la PNP amenazaron a quienes estaban bajo su custodia con que \u201csi [segu\u00edan] protestando [iban] a estar sus fotos en este mural de terroristas\u201d, refiri\u00e9ndose al lugar donde se identifican a las personas sindicadas por este delito.<\/p>\n\n\n\n
En el operativo se registr\u00f3 violencia f\u00edsica al momento de la intervenci\u00f3n inicial, la detenci\u00f3n indiscriminada de transe\u00fantes, la denegaci\u00f3n de acceso de las personas defensoras, y el uso innecesario de esposas. Asimismo, Amnist\u00eda Internacional recibi\u00f3 reportes de la \u201csiembra\u201d de evidencias supuestamente incriminatorias y la pr\u00e1ctica de al menos una detenci\u00f3n que m\u00e1s tarde no habr\u00eda figurado en actas oficiales del operativo.<\/p>\n\n\n\n
La desigualdad priva de servicios que salvan vidas
El sistema sanitario de Per\u00fa es uno de los menos financiados de Am\u00e9rica Latina y el personal sanitario se ve gravemente privado de condiciones de trabajo justas y humanas. Muchas personas dijeron a Amnist\u00eda Internacional que la abrumadora pobreza, la falta de servicios y la desigualdad que sufren fueron parte de las razones por las que decidieron expresarse en las calles.<\/p>\n\n\n\n
Robert Pablo Medina Llanterhuay, estudiante de secundaria de 16 a\u00f1os e hijo de un agricultor, muri\u00f3 por arma de fuego despu\u00e9s de que testigos lo vieran caminar entre un grupo de manifestantes con una peque\u00f1a bandera peruana en la mano, en la localidad de Chincheros, el 12 de diciembre. La Polic\u00eda hab\u00eda disparado gases lacrim\u00f3genos a corta distancia para dispersar a una multitud ese d\u00eda y \u00e9l recibi\u00f3 un disparo en el pecho. El hospital m\u00e1s cercano con capacidad de practicar una necropsia se encontraba a varias horas de distancia, por lo cual los familiares no pudieron acceder y enterraron al cuerpo de Robert sin que dicho examen se practicara.<\/p>\n\n\n\n
Otro joven de 15 a\u00f1os del poblado de Pichanaqui, Jun\u00edn, result\u00f3 gravemente herido por arma de fuego el 16 de diciembre, mientras caminaba del trabajo a su hogar. Sin embargo, la falta de atenci\u00f3n primaria lo llev\u00f3 a recorrer dos hospitales antes de poder ser operado cuatro d\u00edas despu\u00e9s en Lima. Organizaciones peruanas contabilizan en cientos las personas que han sido referidas a la capital por la misma raz\u00f3n, y que en muchos casos deben enfrentar discriminaci\u00f3n y escasez de recursos.<\/p>\n\n\n\n
Recomendaciones preliminares
El 15 de febrero, Amnist\u00eda Internacional se reuni\u00f3 con la presidenta Dina Boluarte para presentarle los hallazgos iniciales de la investigaci\u00f3n, as\u00ed como recomendar a su gobierno, y todas las entidades del estado y la comunidad internacional una serie de acciones que deben implementarse inmediatamente y con un enfoque antirracista:<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa grave crisis de derechos humanos que enfrenta Per\u00fa ha sido alimentada por la estigmatizaci\u00f3n, la criminalizaci\u00f3n y el racismo en contra de comunidades de pueblos Ind\u00edgenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresi\u00f3n y asamblea pac\u00edfica, y como respuesta han sido violentamente castigadas. Los ataques generalizados contra la poblaci\u00f3n tienen consecuencias de responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas aquellas al m\u00e1s alto nivel, por su acci\u00f3n y omisi\u00f3n en poner fin a la represi\u00f3n,\u201d dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cReiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de autoridades del estado a poner fin a la represi\u00f3n, atender las demandas leg\u00edtimas de quienes protestan y garantizar que el estado cumpla con su obligaci\u00f3n de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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