Lima enfrenta una nueva crisis de seguridad que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Por tercera vez en menos de dos semanas, el gobierno declaró el estado de emergencia en la capital peruana y en la vecina provincia del Callao, una decisión que refleja el deterioro acelerado de la situación en una de las zonas más pobladas y estratégicas del país. Desde que asumió el poder tras la destitución de su predecesor, envuelto en escándalos de corrupción, el mandatario interino ha recurrido a esta herramienta legal en un intento por contener la ola de violencia que azota a la región. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido limitados: los índices delictivos no solo persisten, sino que en algunos casos se han agravado.
La medida no es nueva. Durante su breve gestión, el exmandatario también decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, pero los números muestran que la estrategia no logró frenar la criminalidad. Según datos oficiales, Perú cerró el año pasado con la tasa de homicidios más alta de los últimos años: 10.7 por cada 100 mil habitantes, un incremento respecto a los 10.1 registrados en 2024. La situación es aún más alarmante en la capital y su área metropolitana. Lima registró una tasa de 23.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Callao alcanzó los 22.6, cifras que duplican el promedio nacional y colocan a ambas jurisdicciones entre las más violentas del país.
El estado de emergencia, que suspende ciertas garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, permite a las fuerzas de seguridad realizar operativos más agresivos, incluyendo allanamientos sin orden judicial y detenciones preventivas. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas, aunque necesarias en contextos de alta criminalidad, no abordan las causas estructurales del problema: la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción en las instituciones y la impunidad que rodea a muchos delitos. Además, existe el riesgo de que, sin un plan integral, la militarización de la seguridad termine generando más tensiones que soluciones.
En las calles de Lima y Callao, la percepción de inseguridad es palpable. Los ciudadanos reportan un aumento en robos, extorsiones y ajustes de cuentas entre bandas criminales, que operan con mayor audacia en zonas donde el Estado parece ausente. Los mercados informales, las avenidas principales e incluso los barrios residenciales se han convertido en escenarios de violencia cotidiana. La policía, por su parte, enfrenta acusaciones de ineficacia y, en algunos casos, de complicidad con los delincuentes, lo que profundiza la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Mientras el gobierno insiste en que el estado de emergencia es una medida temporal para “restablecer el orden”, analistas advierten que, sin reformas profundas en el sistema judicial y en las políticas sociales, cualquier esfuerzo por combatir la criminalidad será insuficiente. La historia reciente de Perú muestra que los estados de emergencia suelen ser parches que no resuelven los problemas de fondo. La pregunta que queda en el aire es si esta vez será diferente o si, una vez más, la violencia seguirá ganando terreno en las calles de Lima y Callao.
