En Minnesota, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, ha abierto una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, incluyendo al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Durante una conferencia de prensa, Moriarty reveló que su oficina ya analiza 17 casos vinculados a operativos realizados en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul, donde se documentaron presuntas violaciones a los derechos civiles y uso excesivo de la fuerza.
Uno de los incidentes más graves ocurrió el 21 de enero, cuando Bovino habría lanzado una lata de gas lacrimógeno contra manifestantes. Otro caso, registrado el 7 de enero, involucra a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria, utilizando irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal educativo. “No tenemos miedo a enfrentar esta batalla legal y estamos decididos a actuar con justicia”, declaró Moriarty, quien calificó como “daño incalculable” el impacto de la *Operación Metro Surge* en la comunidad.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional no se hizo esperar. En un comunicado emitido la noche del lunes, la dependencia federal defendió la legalidad de las acciones de sus agentes, argumentando que los estados carecen de autoridad para procesarlos. “Lo que intentan hacer es ilegal y lo saben”, señaló el texto, que además recordó que los funcionarios federales gozan de inmunidad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. El comunicado también sugirió que las acciones de las autoridades locales podrían poner en riesgo la seguridad de los agentes.
Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Bovino, figura clave en las políticas migratorias del gobierno anterior, conocido por su enfoque agresivo en operativos de control. Según testimonios y registros, durante las protestas en Minneapolis-St. Paul, los agentes habrían acorralado a manifestantes, detenido a personas que documentaban los arrestos con cámaras o silbatos, y en algunos casos, utilizado fuerza desproporcionada.
La fiscalía de Hennepin ha habilitado canales para que la ciudadanía reporte incidentes similares. Entre los casos bajo revisión destacan episodios en los que agentes habrían empleado armas químicas sin justificación, arrojado a personas al suelo o dañado vehículos. De confirmarse estas acciones, podrían configurarse delitos como agresión o daños a la propiedad.
La tensión entre las autoridades estatales y federales refleja un debate más amplio sobre los límites del poder policial y la rendición de cuentas. Mientras el gobierno federal insiste en que sus agentes actúan bajo protección legal, fiscales como Moriarty buscan demostrar que nadie está por encima de la ley. La investigación, que podría extenderse durante meses, ha generado expectativa en una comunidad que aún recuerda las secuelas de los operativos migratorios y las protestas que los denunciaron.
